La decisión del ‘va porque va’, del Gerente del Hospital Universitario Cari ESE, Ulahy Beltrán López, aún lo tiene en el ‘ojo del huracán’.

Pese a que se hizo efectiva la suspensión temporal del cargo, ordenada por la Contraloría Departamental, el hecho concreto es que no se ha proferido decisión administrativa o judicial que eche atrás la multimillonaria y ampliamente cuestionada contratación con el ‘operador especializado’.

Los reparos a la contratación iniciaron desde el mismo momento en que la Junta Directiva del Cari, el 16 de agosto de 2019, autorizó la apertura del proceso, oficializado mediante la Convocatoria Pública 001-2019, con el objeto de contratar un “operador especializado para realizar inversiones en infraestructura física, dotación tecnológica, biomédica e industrial, para garantizar la continuidad de los servicios, la reapertura progresiva de otros nuevos de alta complejidad y la apertura de otros”.

Esta convocatoria produjo reacciones de diverso índole: unos a favor y otros en contra. Incluso, los propios entes de control, en cabeza del Procurador Delegado Gelman Rodríguez,  manifestaron sus reparos y exigieron mayor claridad, pero el Gerente Ulahy Beltrán se mantuvo firme en su decisión de ‘va porque va’.

Al cierre del plazo para la presentación de las ofertas solamente se registró un oferente: Gestor Hospitalario del Caribe SAS integrado por DardioVida Outsourcing SAS (47%); UCI del Caribe SAS (25%); Organización Clínica Bonnadona Prevenir SAS (10%); Laboratorio Clínico Continental SAS (35); Fundación SER -FundaSER- (2%) y Pharma Ser Ltda (1%).

Fue entonces cuando el Comité de Bienes conceptuó que la oferta era inadmisible y debía ser rechazada por diferentes motivos, entre ellos porque 4 de los integrantes de la promesa de sociedad carecían de capacidad jurídica para comprometer obligaciones de la empresa, ante lo cual no hubo observaciones de ningún tipo.

El Gerente Ulahy Beltrán acogió el concepto, rechazó la propuesta y declaró desierta la convocatoria, mediante Resolución 0969 del 20 de diciembre de 2019.

Pero más que acoger el concepto y declarar desierta la convocatoria, en la práctica esos actos administrativos se convirtieron en un sofisma de distracción ya que abrió otro proceso, esta vez de contratación directa, para el mismo fin, el 23 de diciembre de 2019.

Lo que llamó la atención fue el hecho de que el Gerente invitó a este proceso al Gestor Hospitalario del Caribe SAS, el mismo proponente cuya oferta había sido rechazada cuando se declaró desierta la convocatoria anterior.

Esta vez, el mismo proponente presentó oferta como Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, constituido el 23 de diciembre de 2019, es decir, en la misma fecha en que fue abierta la contratación directa.

Luego, el 27 de diciembre, el Gerente suscribió el contrato con el representante legal del Consorcio, Ricardo Mafiol Baute, pero esta decisión sospechosamente se mantuvo en el más absoluto secreto, ni siquiera el Gobernador de entonces, Eduardo Verano de la Rosa, ni los miembros de Junta Directiva, tuvieron conocimiento de esa situación, hasta que al comenzar el 2020 se descubrió la oscura ‘jugadita’ de Beltrán López.

Por esta situación, los reparos del Ministerio Público fueron más contundentes, cuestionando la forma sospechosa como Ulahy Beltrán adelantó la contratación directa, prácticamente a escondidas.

Dentro de las observaciones hechas por el Ministerio Público planteó que para ello se requería de autorización previa y escrita de la Junta Directiva, teniendo en cuenta la propia normatividad del Hospital que establece este requisito “para iniciar procesos de contratación, suscribir, modificar, prorrogar o liquidar contratos, suscribir conciliaciones o transacciones, cuando se trate de los siguientes negocios jurídicos: a) compraventa o permuta de bienes muebles o inmuebles; b) empréstitos; c) arrendamiento; d) concesiones; e) inversiones de riesgo compartido; f) fiducia; g) Leasing; h) Donaciones de bienes de la empresa; i) Investigación; j) Docencia servicio; k) Consultoría; l) Adquisición de software; m) Uniones temporales o consorcios de cualquier otra forma de contratos o convenios de colaboración empresarial”.

Del mismo modo, dentro de los reproches que hizo la Procuraduría frente a dicho trámite contractual también cuestionó que, dentro de los antecedentes del proceso, más exactamente lo que respecta a dicha convocatoria, “no se evidencia motivación legal y/o jurisprudencial para declarar desierto el proceso y proceder con la contratación directa” puesto que “la administración sustentó la declaratoria de desierta en la existencia de conflicto de interés, y este a su vez sustentado en que, el único proponente habría ofertado la prestación de servicios de salud mental y la prestación de actividades relacionadas con la docencia del servicio, pese a que dicha circunstancia no está precisa y expresamente descrita en el ordenamiento jurídico ni en los términos de condiciones”.

Adicionalmente manifestó que “el mismo estatuto de contratación de la ESE Hospital Universitario Cari, prevé que para dicho tipo de contratos, de igual forma se requiere la autorización de la Junta Directiva la cual no se tramitó por cuanto afirmó tener autorización concedida en reunión de la junta del 16 de agosto de 2019, registrada en el Acta 224, que pudo confirmarse, tan solo autorizó adelantar un proceso de Convocatoria Pública”.

En consecuencia, el Procurador Delegado conminó al Gerente para que “ante una posible declaratoria de nulidad del contrato, por haberse suscrito con eventual abuso y/o desviación de poder, por cuanto sin tener competencia suficiente para suscribir el contrato, ejerció un poder para fines y objetivos distintos a la garantía del interés público, a que adopte las medidas contractuales orientadas a la terminación unilateral del mismo, en virtud de la facultad excepcional de terminación unilateral consagrada en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993”.

Sin embargo, las limitadas facultades contractuales no fueron tenidas en cuenta por el Gerente Ulahy Beltrán, quien, por el contrario, de acuerdo con lo manifestado por la Procuraduría, evidenció un presunto desconocimiento de los principios de la función administrativa y de contratación estatal, a los que están sujetos todas las Empresas Sociales del Estado.

Adicionalmente el Procurador Delegado, Gelman Rodríguez, el 10 de enero de este año corrió traslado del trámite investigativo del proceso de Contratación Directa No. 690 de 2019, adelantado por Ulahy Beltrán en su condición de Gerente del Cari, al agente especial asignado por los entes de control del orden nacional, “para evaluar las conductas presuntamente desplegadas por los funcionarios y particulares, entre ellos el Gerente Ulahy Beltrán, relacionadas con interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, omisión de control en el sector de salud y responsabilidad penal de las personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la administración pública”.

Por estas razones, la Junta Directiva del Cari, en cabeza de la Gobernadora Elsa Noguera De la Espriella “y con el propósito de salvaguardar la función administrativa al servicio de los intereses generales y desarrollarla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”, procedió a modificar las funciones del Gerente.

Fue así como dispuso suspender, hasta el 10 de abril de 2020, todas las disposiciones que le permitían al Gerente o empleados hacer contratación directa o cualquier tipo de contratos sin la autorización y aprobación previa, expresa y por escrito de Alma Johana Solano Sánchez en su condición de miembro de la Junta Directiva del Cari y Secretaria de Salud del Atlántico.

También dispuso que hasta el 10 de abril de este año el Gerente, al igual que los funcionarios en los que haya delegado, descentralizado o desconcentrado funciones, otorgado poder o las entidades con las cuales se hayan suscrito convenios de delegación, deberán contar con la autorización y aprobación previa, expresa y por escrito de Alma Johana Solano Sánchez, en su calidad de miembro de la Junta Directiva del Cari y Secretaria de Salud del Atlántico, para pagar, desembolsar, girar, librar cheques, aceptar cesiones de crédito, firmar cualquier tipo de documento o contrato que genere, modifique o de cumplimiento de obligaciones administrativas, contractuales, extracontractuales o judiciales a cargo del Hospital, sin importar el asunto o la cuantía.

Además, en el evento de pagar, desembolsar, girar, librar cheques, aceptar cesiones de crédito, suscribir documentos, contratos, resoluciones o cualquier tipo de escrito sin la autorización previa, escrita y expresa de Alma Solano, la obligación será inoponible y estará viciada por ineficaz en contra del Cari.

Entre tanto, el 3 de febrero el Contralor General de la República (CGR), Felipe Córdoba se apersonó la grave situación y se trasladó a las instalaciones del Cari, en compañía del Vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee, para iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio contra el Gerente Ulahy Beltrán López.

Según la Gobernadora, Elsa Noguera De la Espriella, el jefe del ente fiscal “llegó a recuperar la información que hemos también solicitado a la Gerencia desde el inicio de nuestro gobierno y aunque no fue entregada”.

El propósito era sostener una reunión con el Gerente Ulahy Beltrán. Sin embargo, mientras la comisión de la Contraloría ingresaba por la puerta principal del Cari, Beltrán López huía a escondidas por el portón, dejando vacía la silla de la Gerencia.

Aun así, el Contralor Felipe Córdoba manifestó que el objetivo es el de recaudar pruebas para determinar existencia o no de daño fiscal y posibles responsables por presuntas irregularidades denunciadas en el proceso de contratación que entregó la operación y gestión integral de la sede de Alta Complejidad.

La Contraloría se vio obligada a realizar esta visita, porque no pudo contar con soportes documentales completos que requirió al director del Hospital, Ulahy Beltrán López.

Durante la visita al Cari, la Gobernadora Elsa Noguera escuchó las inquietudes planteadas por el personal, en torno a las deudas que la administración tenía con ellos.

Por esto, de inmediato la Junta Directiva realizó incorporaciones presupuestales para el pago de salarios correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, retroactivos, intereses sobre cesantías, cesantías y vacaciones del mismo año, liquidaciones de prestaciones sociales, insumos, OPS (contratistas), aportes de bienestar social, contribuciones, cooperativas (administrativos y asistenciales) y seguridad social, entre otras obligaciones, por 2.426 millones 983 mil 939 pesos.

Ante la grave situación del Hospital, el Distrito de Barranquilla ordenó el cierre del mismo, al tiempo que la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud, en cabeza de Alma Solano Sánchez, se tomó la infraestructura física, el 15 de febrero, para salvaguardar dicho bien de propiedad del departamento.

Sin embargo, pese a todas estas actuaciones administrativas y fiscales, Beltrán López seguía al frente del cargo, lo que para muchos no dejaba de ser incómodo ya que desde la Gerencia manejaba información privilegiada sobre los hechos que se les cuestionaba.

Fue por ello que el miércoles 4 de marzo el Contralor del Atlántico, Jairo Alberto Fandiño Vásquez ordenó la suspensión del cargo, decisión que le fue comunicada personalmente al día siguiente “como mecanismo transitorio para la efectividad del control fiscal”.

Ante ello, fue encargado de la Gerencia Luis Posso.

Se espera que con Ulahy Beltrán fuera del cargo los organismos de control ahora sí dispongan de manera oportuna y eficaz de la información requerida, para adoptar una decisión frente al multimillonario contrato del ‘va porque va’ suscrito por Ulahy Beltrán López.